Klidi: Stratos

La aprobación de la acusación constitucional contra la ministra Provoste se tradujo en su inmediata suspensión del cargo - momentánea y no definitiva – y nos deja varias dudas tanto sobre el actuar de la oposición, como sobre la calidad de los representantes de la ciudadanía en la cámara.

El contralor general de la república señaló en la comisión investigadora:"yo nunca he dicho que haya una administración corrupta, hay una administración que ha colaborado con nosotros". Esto es contrario a lo que en la discusión pública se ha instalado, que se trataría lisa y llanamente de corrupción. Esta última percepción, ha sido reflejada en el reciente estudio de Adimark -marzo 2008-, donde un 46,1% de los encuestados cree que el pago de subvenciones escolares es un problema de corrupción.

La decisión de RN ejecutada a través de su jefe y subjefe de bancada, y respaldada públicamente por el presidente del partido, de cobrar una multa de 1.000.000 de pesos a cada diputado que faltara a la sesión, evidencia que la oposición, en su forma de hacer política, no escatima ni en el medio ni la forma para conseguir sus objetivos. La tesis del desalojo elaborada por el senador de ese partido, Andrés Allamand ha triunfado.

La pericia comunicacional de la UDI nuevamente hizo gala; el objetivo en esta ocasión fue no entrar en el tema de fondo: la validez jurídica de la acusación. La ciudadanía presenció el montaje realizado por el diputado Estay, quien llegó en camilla a votar, ganando así varias líneas en los matutinos y segundos televisivos. En esta misma línea, el tratamiento mediático de la derecha frente a la acusación, al referirse directamente como un caso de corrupción al interior del gobierno, ignorando las declaraciones del contralor, pone en evidencia sus deseos más íntimos: controlar la totalidad el poder político nacional a cualquier precio.

Por otra parte, ningún ente fiscalizador ha comprobado la existencia de actos de corrupción por parte de las autoridades del ministerio de educación, y más aún, se ha omitido del análisis el reiterado fraude al fisco realizado por sostenedores inescrupulosos, hechos que si han sido comprobados por la justicia.

Durante los 18 años de nuestra democracia constitucional, no existen antecedentes de una estocada tan directa a su estabilidad; la oposición no ha conmensurado las implicancias reales de su hostil y torpe comportamiento que, bajo cualquier análisis, le acarreará problemas más profundos y serios que los que actualmente se observan en sus filas.

Un claro indicador de lo anterior es el último estudio de Adimark, donde la Alianza tan sólo tiene un 15% de adherencia política; si bien no se consulta por intención de voto, estas cifras denotan la sanción de la opinión pública al comportamiento político y valórico manifestado, siendo diametralmente opuesto a lo que nuestra sociedad espera.

Lo preocupante de este tipo de comportamiento es el evidente triunfo de la tesis del desalojo al interior del conglomerado opositor, sin pensar en las repercusiones que esto tiene en el desarrollo social y democrático de nuestro país.

El presidente de a UDI declaro: “Se ha actuado de modo diferente al Gobierno”, “se aplicarán sanciones si se acreditan los hechos”, “no temblará la mano”.

Y efectivamente el gremialismo ha actuado de forma muy diferente al gobierno y a la concertación; no se ha pedido la renuncia a ningún militante y los medios muestran que la estrategia de negocios aplicada quedó al desvelo de la opinión pública (más actores involucrados en irregularidades).

Ante estos hechos de inconsistencia ética, la UDI se encuentra ante una encrucijada que no será resuelta de la misma forma en que, como ellos han señalado, se debe actuar en estos casos. El accionar de sus propios líderes locales ha apuesto en duda la autoridad moral del gremialismo.

La UDI ha sido flanqueada desde su interior. El golpe ha sido doloroso e imprevisto. Sus líderes no han estado a la altura de lo que, la ciudadanía y la opinión pública, esperan en casos de corrupción.