La cobertura política de los noticieros de TV se convierte en objeto de deseo cuando el conflicto está presente. Así, durante las dos últimas semanas hemos visto como los noticieros han puesto su atención en lo ocurrido al interior del municipio de Huechuraba, donde se ha involucrado al yerno de J. Lavín en un caso de corrupción. Esta situación derivó, en primera instancia, en un enfrentamiento de proporciones entre el ex abanderado presidencial de la Alianza y la alcaldesa de su mismo partido. El conflicto ha ido en escalada; intervino el Presidente de la UDI y luego algunos parlamentarios, quienes recomendaron suspender la militancia de los presuntos involucrados, situación que aún no ha ocurrido. El problema se desbordó del lugar de origen expandiéndose a 3 alcaldías (Recoleta, Colina y Viña del mar).
Hoy, quien fuera el fiscalizador Nº 1 ha pasado ha ser el fiscalizado. Quienes siempre argumentaron ser los propietarios de la “autoridad moral” para juzgar a quien fuera en materia de corrupción, han demostrado no ser capaces de ejercer el “poder fiscalizador” con los suyos.
El presidente de a UDI declaro: “Se ha actuado de modo diferente al Gobierno”, “se aplicarán sanciones si se acreditan los hechos”, “no temblará la mano”.
Y efectivamente el gremialismo ha actuado de forma muy diferente al gobierno y a la concertación; no se ha pedido la renuncia a ningún militante y los medios muestran que la estrategia de negocios aplicada quedó al desvelo de la opinión pública (más actores involucrados en irregularidades).
Ante estos hechos de inconsistencia ética, la UDI se encuentra ante una encrucijada que no será resuelta de la misma forma en que, como ellos han señalado, se debe actuar en estos casos. El accionar de sus propios líderes locales ha apuesto en duda la autoridad moral del gremialismo.
La UDI ha sido flanqueada desde su interior. El golpe ha sido doloroso e imprevisto. Sus líderes no han estado a la altura de lo que, la ciudadanía y la opinión pública, esperan en casos de corrupción.
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